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02/03/2015

La responsabilidad de los administradores de las sociedades de capital por las deudas sociales

Publicado en murciaeconomia.com el 19/02/2015.


Son distintos los órdenes en los que se puede reclamar responsabilidad a los administradores de las sociedades de capital pero en este artículo nos centraremos exclusivamente en la que los acreedores de la sociedad pueden exigirles por las deudas de ésta en situaciones de insolvencia.

Dicha responsabilidad encuentra su fundamento en el incumplimiento de las funciones inherentes al cargo de administrador y, si bien es cierto que no es cuestión de resumir en tan breves líneas cuáles son las funciones que asume, o ha de asumir, un administrador de una sociedad de capital ya que son muy variadas y de muy diversa naturaleza e índole, conviene recordar que es importante que los administradores sean conscientes de ellas y ejerzan el cargo con la debida diligencia –la de un ordenado comerciante- pues, de lo contrario, pueden ser responsables de la deudas de la sociedad a la que representan.

Son básicamente dos las vías que se pueden emplear por los acreedores para exigir responsabilidad a los administradores de las sociedades de capital.
Por un lado cuentan con la conocida como “acción de responsabilidad individual”, regulada en el artículo 241 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante LSC).
Para el ejercicio de esta acción se requiere que se incumplan una serie de deberes por parte de los administradores (por ejemplo la formulación de cuentas o la inscripción de las mismas en el Registro Mercantil) y que esa acción (u omisión) traiga consigo un daño a los acreedores.

Es decir, que se exige la prueba de los requisitos clásicamente exigidos en toda reclamación por responsabilidad civil, a saber: concurrencia de daño, dolo o negligencia y relación de causalidad entre ambos. Si no se prueban todos ellos, la reclamación frente a los administradores no prosperará.

Ahora bien, existe una segunda acción conocida como “acción de responsabilidad por deudas sociales”, recogida en el artículo 367 de la LSC que establece (y aquí cito literalmente por la importancia del precepto) que “responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución los administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución”.

Añade el artículo que dichas obligaciones reclamadas se presumirán que son de fecha posterior a la causa legal de disolución salvo que los administradores prueben que son de fecha anterior.

No es cuestión de analizar en detalle cuáles pueden ser las causas de disolución de una sociedad aunque para completar nuestra visión general de esta temática sí citaré algunas de las que suelen esgrimirse como fundamento de la acción que analizamos, recogidas en el artículo 363 de la LSC: el cese por la sociedad en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto social; la imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social; la paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento; o bien por la existencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social.

Por lo que hace al concurso de acreedores, conviene resaltar que existe la obligación por parte de los administradores de instar su declaración ante el Juzgado de lo Mercantil en los casos de insolvencia de la sociedad, entendida ésta como la situación en la que aquélla no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles.

A diferencia de lo que ocurre con la otra acción que hemos analizado anteriormente, estamos ante lo que la doctrina califica como una responsabilidad cuasi objetiva, pues no es necesario probar por quien reclama que exista relación de causalidad entre la inactividad de los administradores y el daño sufrido.

En este caso, la responsabilidad de los administradores por la insolvencia posterior de la sociedad surge de manera casi automática derivada del hecho de no haber cumplido con los deberes indicados de instar la disolución o la declaración de concurso de la sociedad.

Como conclusión podemos señalar que es absolutamente necesario que los administradores de sociedades mercantiles conozcan y cumplan de manera diligente las obligaciones inherentes a su cargo para evitar las indeseables consecuencias de tener que responder con su patrimonio personal de las deudas de la mercantil a la que representan.

Pedro Rivera



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